Objectives: to analyze judicial demands for medications in Campo Grande, Brazil, between July 2018 and June 2020.
Methods: the four dimensions of the Manual of Indicators for Evaluation and Monitoring of Judicial Demands for Medications were examined.
Results: 676 judicial processes were identified, corresponding to 1006 requests for 284 different medications. In 92.74% of the processes, access to medications was granted, with 88.80% granted on an urgent basis. The median time between the decision and delivery of the medication was 146 days. The average monthly cost of acquiring medications was R$ 2,183.68 Brazilian reais. Among the identified medications, 90.22% had at least one therapeutic alternative available in the public healthcare system.
Conclusions: characterizing and analyzing judicial demands related to medications can support discussions on updating medication lists and clinical protocols, organizing healthcare services, allocating resources, and implementing actions to reduce judicialization.
Objetivos:: analizar las demandas judiciales de medicamentos en Campo Grande, Brasil, entre julio de 2018 y junio de 2020.
Métodos:: se analizaron las 4 dimensiones del Manual de Indicadores de Evaluación y Monitoreo de Demandas Judiciales de Medicamentos.
Resultados:: se identificaron 676 casos judiciales, correspondientes a 1006 solicitudes para 284 medicamentos diferentes. En el 92,74% de los casos, se concedió acceso a los medicamentos, siendo el 88,80% de ellos de carácter urgente. El tiempo mediano entre la decisión y la entrega del medicamento fue de 146 días. El costo medio mensual de adquisición de los medicamentos fue de R$ 2.183,68 reales. Entre los medicamentos identificados, el 90,22% tenían al menos una alternativa terapéutica disponible en el sistema público de salud.
Conclusiones:: la caracterización y análisis de las demandas judiciales relacionadas con medicamentos pueden respaldar las discusiones sobre la actualización de las listas de medicamentos y los protocolos clínicos, la organización de los servicios de salud, la asignación de recursos y las acciones para reducir la judicialización.