La Fiscalía Superior de Canarias ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el protocolo territorial de recepción de menores migrantes no acompañados impulsado por el Gobierno de la comunidad insular. En el escrito, el Ministerio Público sostiene que el protocolo del Ejecutivo de Fernando Clavijo vulnera el derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución, recogido también en la Convención de Derechos del Niño. Además, la institución aprecia una quiebra del derecho a la integridad moral. 

La Fiscalía incluye en su recurso una solicitud para que el TSJC adopte como medida cautelarísima la suspensión del protocolo, "ya que su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la comunidad autónoma". 

El nuevo protocolo se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 12 de septiembre. E implica un aumento de los requisitos que deben cumplir los menores migrantes para ser entregados en centros de acogida. Antes de ser acogidos, los menores deberán pasar ciertos trámites, como una reseña previa de identificación y la inscripción en el registro de menores. El menor debe realizar una entrevista en presencia de la Fiscalía y de un intérprete de su lengua materna. 

Con todos estos trámites, el Gobierno canario pretende acabar con "el desorden" que, según asegura, se produce cuando la Policía Nacional entrega los menores a las organizaciones que se encargan del asilo. Pero la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ya avisó en un documento facilitado por EFE de los riesgos del protocolo de menores. "Los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo, no hay situación más clara de un menor en desamparo", señalaba, y anticipaba que si el Ejecutivo se negaba a acoger a los niños de forma inmediata, la Fiscalía abriría procedimientos penales. 

Pero este mismo miércoles, la Policía ha recibido las primeras indicaciones del Ejecutivo de Clavijo para aplicar el nuevo protocolo. Los agentes deberán identificar al menor recién llegado con una fotografía, recopilar datos de su origen y tomar sus huellas dactilares, inscribirlo en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y obtener una resolución administrativa del Estado para asignarlo a una ubicación individualizada. 

Canarias sigue adelante con el plan pese a que también el Gobierno central se ha opuesto frontalmente. El sábado, el Ministerio de Juventud e Infancia envió a la Fiscalía un informe en el que alertaba ya de la "vulneración grave de los derechos fundamentales de la infancia en España". "Con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo", alertaba el Gobierno a la par que recordaba que la competencia es "exclusiva" de las comunidades autónomas.