Rocío San Miguel

activista venezolana
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Rocío San Miguel (Caracas, Venezuela, 6 de mayo de 1966)[1][2][3]​ es una abogada y activista de derechos humanos venezolana, especialista en temas militares y presidente de la ONG Control Ciudadano, una asociación civil cuyo objetivo es la supervisión de los ciudadanos en temas de seguridad nacional, de defensa y de las Fuerzas Armadas.[4]​ También supervisa los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).[5]​El 9 de febrero de 2024 fue detenida por funcionarios de seguridad venezolanos. Actualmente se desconoce su lugar de reclusión.

Rocío San Miguel
Información personal
Nacimiento 6 de mayo de 1966 (58 años)
Caracas, Venezuela
Nacionalidad Venezolana
Familia
Familiares José Manuel San Miguel (hermano)
Información profesional
Ocupación Abogada, activista

Carrera

Rocío San Miguel es presidente de la ONG Control Ciudadano, una asociación civil cuyo objetivo es la supervisión de los ciudadanos en temas de seguridad nacional, de defensa y de las Fuerzas Armadas.[4]​ También ha supervisado los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).[5]

Hostigamiento y difamación

Rocío San Miguel ha sufrido un constante hostigamiento por parte de funcionarios del gobierno venezolano y de personas anónimas, además de difamación a través de diferentes medios televisivos, impresos y radiales estatales. El 18 de enero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a favor de Rocío y su hija.[5]

Meses después, el 29 de junio de 2012, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanó la residencia del hermano de Rocío, José Manuel San Miguel. El 25 de marzo de 2014, el presidente Nicolás Maduro hizo declaraciones difamatorias en cadena nacional contra Rocío y la acusó de estar involucrada en un intento de golpe de Estado. Unos días antes, el 18 de marzo de 2014, un desconocido se acercó a ella mientras estaba en su vehículo y la amenazó en reiteradas oportunidades. El 2 de mayo de 2014 el entonces ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, acusó a Rocío de ser una espía. San Miguel también ha sido atacada repetidamente por Diosdado Cabello en su programa de televisión Con el Mazo Dando.[5]

Detención

El 9 de febrero de 2024 fue detenida por funcionarios de seguridad venezolanos.[6]​ Esta información fue confirmada por el fiscal general, Tarek William Saab. La detención de San Miguel, quien también es abogada, ocurrió en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cerca de Caracas, cuando se disponía a viajar con su hija.

La acusación específica en contra de San Miguel se relaciona con su supuesta conexión con la trama denominada "Brazalete Blanco", descrita por Saab como un intento de magnicidio contra Maduro y otros altos funcionarios. Este plan, según el fiscal, también incluía ataques a unidades militares en San Cristóbal, estado Táchira, y en otras partes del país. Desde mayo del año anterior, las autoridades venezolanas dicen haber desmantelado cinco conspiraciones similares, resultando en la detención de más de treinta personas, entre civiles y militares.[7]​Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han solicitado la liberación inmediata e incondicional de San Miguel, argumentando el respeto a sus derechos y a una medida cautelar de protección dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) había pedido al Estado venezolano un informe sobre el cumplimiento de una sentencia favorable a San Miguel, dictada en 2018, relacionada con su despido de cargos públicos en 2004 tras apoyar un referendo revocatorio contra Hugo Chávez.[7]

La detención de San Miguel ha sido denunciada por diversas ONGs de derechos humanos y figuras políticas de la oposición, incluyendo a María Corina Machado y Henrique Capriles, quienes condenaron el acto como parte de una práctica de persecución y represión por parte del régimen de Maduro. Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por la posible desaparición forzada de San Miguel, mientras que la ONG Provea y el Frente Amplio de Mujeres han rechazado contundentemente su detención arbitraria y desaparición.[7]

Véase también

Referencias

Enlaces externos