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Tras el anuncio de Santiago Abascal de que Vox abandona los cinco gobiernos autonómicos compartidos con el Partido Popular (Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia) y el apoyo externo en Baleares, han surgido mensajes que hablaban de “adelantar” las elecciones o de que la nueva situación llevaba a que “se forzaran” los comicios en esas autonomías. ¿Pero la salida de Vox implica que legalmente se deban convocar elecciones en esos territorios? Respuesta corta: no. Los gobiernos autonómicos, ahora dirigidos por el PP en minoría, pueden terminar el mandato, incluso aunque no puedan aprobar leyes ni presupuestos.
Las elecciones autonómicas se convocarán cuando se agote la legislatura o cuando el presidente autonómico decida adelantarlas
En las seis comunidades autónomas que ahora centran todas las miradas, se aplican de manera parecida las mismas normas electorales. Los comicios se convocan por las siguientes causas:
Por finalización de la legislatura cuatro años después de las últimas elecciones.
Por disolución anticipada por decisión del presidente o presidenta autonómico.
Por no elegir un candidato dos meses después de constituirse el Parlamento autonómico o después de que el presidente autonómico anterior renuncie, fallezca o se encuentre en situación de incapacidad.
Con la legislatura iniciada un año después (dos años en el caso de Castilla y León) de las últimas elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, a fecha de publicación de este artículo, caben dos posibilidades en estas seis regiones: o bien el presidente autonómico decide adelantar las elecciones, o bien se convocarán comicios cuando termine la legislatura (2026 en el caso de Castilla y León, y 2027 en las otras cinco comunidades autónomas), ya que ninguno de los presidentes autonómicos ha dicho que vaya a dimitir del cargo.
Las mociones de censura y las cuestiones de confianza pueden cambiar los gobiernos autonómicos, pero no implica necesariamente que haya elecciones
Cualquiera de los parlamentos autonómicos puede destituir al presidente con una moción de censura. Además, el presidente autonómico puede someterse a una cuestión de confianza. Ambos procedimientos siguen un esquema similar: se realiza una votación para ver si la persona que ocupa el cargo de presidencia permanece o no.
Si una moción de censura sale adelante, dimite el presidente autonómico y el candidato alternativo asume la presidencia de la comunidad autónoma. Si una cuestión de confianza la pierde el presidente autonómico, este debe dimitir y el Parlamento autonómico debe elegir a un nuevo candidato. En caso de no hacerlo en los dos meses siguientes, en cualquiera de las seis comunidades autónomas, se convocarían automáticamente elecciones anticipadas.
Excepto por esta última posibilidad, la presentación de mociones de censura o cuestiones de confianza no implica que se tengan que convocar elecciones automáticamente.
Si los presupuestos u otras leyes no salen adelante, tampoco es obligatorio dimitir
Aunque política y mediáticamente se insiste mucho en la importancia de aprobar unos presupuestos o ciertas leyes para no convocar elecciones anticipadas, legalmente ninguno de los seis presidentes populares tiene por qué convocar comicios si no consigue sacar los presupuestos autonómicos o algún proyecto legislativo. Podría agotar el mandato prorrogando los presupuestos anteriores y gestionando la actividad diaria. Por ejemplo, Murcia prorrogó en 2022 los presupuestos de 2021. Castilla y León prorrogó los presupuestos de 2023 hasta mayo de 2024, cuando aprobó la ley presupuestaria de este año.
