El Gobierno se reserva el poder de veto sobre la opa de Brookfield a Grifols

Al Gobierno se le acumulan las ofertas públicas de adquisición (opa). 

El Ejecutivo pretende pronunciarse en la última fase de autorización de la opa de BBVA sobre Sabadell y dar luz verde a la fusión de Evo Banco con Bankinter en los próximos meses. Ahora también podrá vetar la opa de exclusión que el fondo canadiense Brookfield y la familia fundadora de Grifols están negociando ahora mismo —un poder que se reservará para proteger al sector—. 

En el momento del anuncio de la opa de Brookfield sobre Grifols, se desconocían las condiciones y las probabilidades de éxito de la operación. Ayer se filtró a medios que el fondo canadiense podría intentar comprar al primer fabricante de hemoderivados de Europa por 7.000 millones de euros, lo que valoraría sus acciones cerca de los 10 euros —el día anterior al anuncio, cerró en 9,66 euros—.

Por el 100% de la compañía, Brookfield podría llegar a ofrecer una prima a sus accionistas de cerca del 25%, tal y como avanzaba ayer el mismo medio económico. Además, las acciones de clase A, que son las que tiene la familia fundadora, se venderían al mismo precio que las de clase B. 

Todavía se está recopilando información relevante sobre Grifols, proceso que se conoce como due dilligence. Por lo que el precio y las condiciones de la oferta que se han dado a conocer son orientativos.

Según Expansión, el Gobierno podrá imponer condiciones, prohibir la exclusión de la Bolsa —que es lo que pretende hacer Brookfield con Grifols—, exigir el mantenimiento de la sede en España —que permanece en Barcelona, aunque tenga negocios importantes en Irlanda—, la continuidad de las inversiones o el control de los dividendos. 

Otros sectores estratégicos podrían sumarse a la ola de opas: Telefónica con STC, Talgo, por Magyar Vagon y otras operaciones que se esperan que se anuncien este mismo año. Aunque, según Expansión, la operación de Grifols sería el primer movimiento corporativo en el sector sanitario en el que el Gobierno podría aplicar la normativa para proteger activos estratégicos.

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