Barbate exige que el Estado pague la cuenta de tener el 40% de su territorio vedado para usos militares

Barbate tiene poca tendencia al victimismo. Tira adelante como puede con los mimbres que hay. Y eso que el contexto pintan bastos. En el municipio gaditano se alegran de que la tasa de paro por fin se mueva en el entorno del 20%, en lugar del 55% que rozó. Lidian como pueden con una deuda viva municipal de 83 millones y otra con la Seguridad Social que les cercena concurrir a subvenciones públicas. Pero hay una batalla por la que sí están determinados a alzar la voz, la de pedir al Estado que pague la cuenta de ese 40% del término municipal que la localidad gaditana tiene vedado por usos militares en la Sierra del Retín. El Ayuntamiento está dispuesto a ir con todo y le reclama al Ministerio de Hacienda algo más de cuatro millones anuales de compensación por todos los ingresos que no percibe y exige que se le reconozca una deuda histórica de 411 millones de euros por los más de 43 años que ese terreno lleva expropiado.

La reivindicación, vieja, pero recuperada como compromiso electoral del segundo mandato del alcalde Miguel Molina (Andalucía Por Sí), ha saltado de la cuita política e institucional a la calle, por obra y gracia de cuatro vallas publicitarias. Los anuncios de atún de almadraba y conserveras a los que Barbate ha consagrado su proyección nacional como destino de turismo gastronómico conviven, a la entrada del pueblo, con una disruptiva valla en la que aparece un túnido entre rejas. “Barbate singular ¡sí o sí! Nos deben 411.792.273,45 euros. Eliminemos los barrotes”, se lee en el enorme cartel publicitario en tonos rojos, azules y amarillos. “Esto es una lucha muy antigua que estamos impulsando. Decidimos ponerlos para que en verano los visitantes que han venido la conociesen”, explica el regidor.

Esa singularidad que reclama el consistorio tiene su zona cero en esa sierra dominada por alcornoques y arbustos que domina el horizonte del municipio, la del Retín, convertida en Campo de Adiestramiento de la Armada desde el 22 de agosto de 1981. Ese día, el BOE publicó la expropiación urgente por “la necesidad de la defensa nacional” de casi 5.400 hectáreas del terreno que va desde Barbate y su pedanía de Zahara de los Atunes, al precio de 43.000 pesetas por hectárea. El Ministerio de Defensa ocupó lo que durante siete siglos fueron 70 Hazas de la Suerte, unas tierras comunales creadas durante la Reconquista cuya gestión es sorteada entre los vecinos de Vejer y Barbate cada cuatro años. “Nos pagaron 280 millones de pesetas que no se han gastado, quedaron dentro de las cuentas de las Hazas”, puntualiza Molina.

La expropiación forzosa supuso dejar vedado a Barbate el uso y disfrute de un 39% de su término municipal. “Si sumamos las hectáreas de las Bases Militares de Rota y Morón [2.400 y 1.500, respectivamente], ni dan la extensión de esto”, apunta el alcalde, que se queja de que entre esa afección y la protección del 44% del término municipal como parque natural solo tiene un 17% de terreno expansión. De ahí que el Ayuntamiento presentase un Expediente de Especial Singularidad el pasado mes de marzo en el que calcula todos los ingresos que deja de percibir por esa superficie destinada a maniobras militares frecuentes, algunas de ellas en el marco de la OTAN. Ese documento compara la realidad de Barbate con la de los municipios afectados por las bases miliares de Rota (Cádiz), Morón de la Frontera (Sevilla) y el Acuartelamiento Aéreo de las Bardenas Reales, (Navarra). Solo en ese último enclave, el Estado desembolsó en 2022 una compensación de 14 millones de euros.

El Consistorio barbateño estima que anualmente pierde 1,5 millones en concepto del Impuesto de Circulación; 32.000 euros del Impuesto sobre Actividades Económicas; otros 29.000 euros de tasas sobre construcciones (ICIO); 793.600 euros de obras; 20.000 más de basuras y 1,5 millones de euros por imposibilidad de desarrollo. En total, la suma de lo que Molina reclama al Ministerio de Hacienda asciende a los 4.000.885,87 euros anuales. Y eleva la apuesta al considerar que existe una deuda histórica del Estado más de 411 millones, sumando inflación acumulada e intereses. Con esa demanda bajo el brazo, el regidor ya se ha reunido con la ministra de Defensa, Margarita Robles. “Me dijo que ella estaba dispuesta a certificar el uso que se le da al Retín, pero que no podía hacer nada”, apunta el alcalde. Así que Molina, que también llamó sin éxito a la puerta del presidente del Gobierno, ahora ha solicitado una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En Hacienda aseguran que la vicepresidenta no se cierra “a abordar el caso de Barbate de manera particular porque tiene sensibilidad y conocimiento de los problemas del municipio”, como ella misma dejó claro a preguntas de los periodistas en una visita el pasado mes de agosto a Rota. Aunque hay peros. Desde el departamento de Montero dejan claro que las compensaciones existentes hoy en Rota, Morón y las Bardenas Reales no es por el terreno, están relacionadas con bases militares en las que se compensa el uso que hace la población que vive en ellas de los servicios municipales limítrofes y la exención que tienen los vehículos de esos espacios respecto a los impuestos. Es el caso de Rota, que recibe un millón de euros de compensación, a los que suma otros 400.000 euros por el Impuesto de Circulación por los más de 5.000 vehículos de las instalaciones militares que ocupan el 24% de su término municipal.

“Ninguna de esas casuísticas se da en Barbate”, añaden desde el Ministerio, que también recuerda que en esos casos en los que se compensa nunca se ha hecho de manera retroactiva. Pero Molina pide al Estado con la situación de su municipio: “Queremos que el Gobierno sea sensible con nosotros, que se ponga en nuestro lugar”. De ahí que el regidor esté lanzado a introducir en la negociación problemas históricos del municipio, como la alta tasa de paro, el narcotráfico o la falta de infraestructuras para espolear a la otra parte. Aunque el lastre que más pesa sobre el municipio es su deuda histórica con la Seguridad Social y Hacienda, de más de 20 millones, a los que suman otros 63 millones de euros que consiguieron refinanciar gracias a los Fondos de Ordenación.

Ese pellizco, generado hace décadas por un alcalde que dejó de abonar esos conceptos al Estado hasta crear “una pelota insalvable”, como valora Molina, cercena al municipio la posibilidad de invertir en el municipio, de concurrir a fondos europeos o a subvenciones de otras administraciones. “Estamos sometidos a un plan de ajuste brutal. Con nuestro presupuesto de 23 millones de euros cubrimos lo mínimo. Pero por todo esto nuestros niños no tienen los mismos derechos que los de otras partes de España”, razona el regidor.

Así que Barbate confían que la reivindicación del Retín sirva para partir “de una casilla cero”. Con una campaña de firmas iniciada y su reivindicación aprobada por el pleno de la Diputación de Cádiz y en camino del Parlamento de Andalucía, en el Consistorio barbateño aseguran tener cuerda para rato en sus reivindicaciones. Y, por su acaso, Molina lanza un recado a Madrid, entre la esperanza y el escepticismo: “Parece que estuviésemos en la periferia de Europa, pero en verdad estamos en el centro de dos continentes. Deberíamos ser ricos y no estar así”.