La semana pasada, cuando la vicepresidenta de la Unión Europea (UE), Věra Jourová, se reunió con Neal Mohan, CEO de YouTube, en California (EE UU), empezaron a hablar de la prolongada teoría conspirativa de que los alunizajes son falsos. YouTube se ha enfrentado a peticiones de algunos usuarios y grupos de defensa para que la plataforma retire los videos que cuestionan las misiones históricas a la Luna. Al igual que otros contenidos que niegan la ciencia aceptada, han sido eliminados de las recomendaciones y se les ha añadido un enlace a Wikipedia para dirigir a los visitantes a un contexto que los desacredite.
Pero mientras Mohan hablaba de esas medidas, Jourová dejó algo claro: la lucha contra los conspiranoicos de los alunizajes o terraplanistas no debe ser una prioridad. “Si la gente quiere creerlo, que lo haga”, señaló. Como responsable de proteger los valores democráticos de Europa, considera que es más importante asegurarse de que YouTube y otras grandes plataformas digitales no escatimen un dólar o euro que podría invertirse en la verificación de información o en cambios en los productos para frenar los contenidos falsos o engañosos que amenazan la seguridad de la UE.
“Nos centramos en las narrativas que tienen potencial para engañar a los votantes, que causarían un gran daño a la sociedad”, destaca Jourová a WIRED en una entrevista. A menos que las teorías conspirativas pudieran provocar muertes, violencia o masacres, dice, no esperes que la UE exija medidas contra ellas. ¿Contenido como la reciente noticia falsa que anuncia que Polonia está movilizando sus tropas en plenas elecciones? Más vale que no se imponga como una verdad en internet.
Entre la libre expresión y la desinformación destructiva en internet
En opinión de Jourová, su conversación con Mohan y otras similares que mantuvo la semana pasada con los CEO de TikTok, X y Meta muestran cómo la UE está ayudando a las compañías a comprender lo que se necesita para contrarrestar la desinformación, como exige actualmente la nueva y estricta Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) del bloque. Sus requisitos incluyen que, a partir de este año, las mayores plataformas de internet, incluido YouTube, tienen que tomar medidas para combatir la desinformación o se arriesgan a multas que ascienden hasta el 6% de sus ventas globales.
A los activistas por las libertades civiles les preocupa que, en última instancia, la DSA facilite la censura por parte de los regímenes más autoritarios del bloque. La fuerte presencia de candidatos de extrema derecha en las elecciones parlamentarias de la UE que se celebran esta semana también implica que su aplicación pueda ser desigual.
Nicole Bell, vocera de YouTube, asegura que la compañía está alineada con Jourová en la prevención de daños graves en el mundo real y también en la eliminación de contenidos que induzcan a error a los votantes sobre cómo ejercer su derecho o que fomenten la intromisión en los procesos democráticos. “Nuestros equipos seguirán trabajando sin descanso”, comenta Bell sobre la supervisión de videos problemáticos sobre las elecciones de la UE de esta semana.
Jourová, que espera que su mandato de cinco años termine a finales de este año, en parte porque su partido político liberal, ANO (por su siglas en checo), ya no está en el poder en su país para volver a nombrarla, sostiene que la DSA no está pensada para permitir nada más que una moderación adecuada de los contenidos más ofensivos. No espera que Mohan ni ningún otro directivo tecnológico sobrepase ni un centímetro lo que prescribe la ley. “Un uso excesivo, salirse de lo establecido en la legislación de la UE sería un gran fracaso y un grave peligro”, asevera.
Por otra parte, reconoce que si no se percibe que las empresas se esfuerzan por mitigar la desinformación, algunos políticos influyentes han amenazado con buscar normas más severas que rozarían la censura pura y dura. “Odio esta idea”, resalta. “No queremos que esto ocurra”.
Pero con la DSA estableciendo directrices más que reglas claras, ¿cómo sabrán las plataformas en qué momento deben actuar? El “tour de la democracia” de Jourova por Silicon Valley, como ella lo llama, forma parte del esfuerzo por facilitar el diálogo sobre políticas. Y espera que los investigadores de las redes sociales, los expertos y la prensa contribuyan a descifrar las difusas fronteras entre la libre expresión y la desinformación destructiva. Bromea al afirmar que no quiere que la vean como la “ministra europea de la Verdad”, por muy tentador que sea ese título. Dejar exclusivamente en manos de los políticos la definición de lo que es aceptable en internet “prepararía el camino al infierno”, opina.
Sin embargo, Jourová tiene algunas preferencias claras. “Deberíamos hacer todo lo posible para garantizar que la mentira no sea la forma más fácil de conseguir cargos políticos”, resalta. “Si los políticos mienten, debería haber alguien que dijera inmediatamente: ‘Estás mintiendo’. Hay que poner fin al uso de mentiras evidentes, sobre todo del tipo que aumenta la hostilidad y hace proliferar el odio”.
La labor reglamentaria para combatir la desinformación política
Los candidatos políticos de todo el mundo han seguido recurriendo a las nuevas tecnologías y a las redes sociales para difundir contenidos potencialmente engañosos. Explica que los investigadores locales identificaron 70 casos de deepfakes antes de las recientes elecciones en Eslovaquia. Aunque no se ha evaluado el impacto que tuvieron en la votación, algunos deepfakes de audio en vísperas del proceso electoral tenían como objetivo a un candidato pro-Ucrania que perdió un intento de dirigir el país frente a un oponente pro-Rusia. WIRED ha contabilizado hasta la fecha unos 50 casos de deepfakes en elecciones celebradas este año en todo el mundo.
Los gobiernos e investigadores de Occidente han atribuido parte de la ola de deepfakes a Rusia. Pero aunque a Jourová le preocupan las supuestas intrusiones, también las considera una prueba de que la democracia funciona. No hay suficientes autócratas en Europa a los que Putin pueda llamar para ganarse el apoyo de la UE, razona, así que, en su lugar, tiene que sembrar mentiras y esperar que influyan en el electorado para instalar líderes que le respalden. Se trata de una estrategia costosa para un país en apuros económicos, observa Jourová, y prevé que será aún más cara para el Kremlin si las plataformas tecnológicas consiguen acabar con la desinformación.
La DSA incluye medidas destinadas a dejar claro a los funcionarios y a la población qué acciones están llevando a cabo las plataformas. Se exige a las empresas que compartan datos y comentarios sobre su trabajo para reducir la desinformación, como los deepfakes políticos. Hasta ahora, el cumplimiento por parte de las plataformas de esta disposición, tanto de la DSA como del Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación de la UE, de carácter voluntario, ha sido variable, lo que dificulta las comparaciones para obtener una visión global de las falsedades perjudiciales en internet.
YouTube compartió a la UE que, en la segunda mitad del año pasado, 112 videos deepfake recibieron más de 10,000 visitas cada uno antes de ser retirados. Por el contrario, Meta no ofreció datos comparables y declinó hacer comentarios a WIRED sobre su enfoque distinto de la información.
“Todavía nos movemos un poco en la penumbra”, destaca Jourová sobre el control del cumplimiento de las normas. Pero insiste en que eso cambiará. El objetivo es disponer de “datos comparables de forma estructurada”, subraya. De lo contrario, las consecuencias serían multas cuantiosas y la paralización de la democracia.
Información adicional de Morgan Meaker. Artículo publicado originalmente en WIRED. Adaptado por Andrei Osornio.
